La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Murcia desestima el recurso presentado por varios perjudicados, familiares de los fallecidos en el incendio de la discoteca de Atalayas, contra la decisión de no abrir una pieza separada para investigar la actuación del Ayuntamiento de Murcia por presunta prevaricación administrativa.
La resolución judicial se basa en la falta de indicios de criminalidad en la actuación del Ayuntamiento en relación a la situación de riesgo detectada en las inspecciones realizadas. La magistrada destaca que, para que exista un delito de prevaricación, es necesario que la actuación de la autoridad o funcionario sea contraria a derecho de forma evidente y consciente.
A pesar de no abrir una investigación penal, la jueza no descarta posibles irregularidades administrativas en la tramitación de las licencias de actividad o en otros procedimientos, por lo que señala que estas cuestiones podrían ser analizadas en la jurisdicción contencioso-administrativa.
La instructora concluye que, de la documentación existente, “no se pueden extraer unos mínimos indicios de criminalidad en la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Murcia para con la situación urbanística en que se encontraban las salas donde tuvieron lugar los hechos objeto de investigación”. Aunque, no descarta, “posibles irregularidades administrativas de tramitación a analizar en otra jurisdicción diferente a la penal como pudiera ser en la jurisdicción contencioso- administrativa en su caso”.
En este sentido, la decisión judicial marca un precedente en el caso del incendio, dejando la puerta abierta para que otras vías legales puedan explorarse en relación a la responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia en los hechos ocurridos.
