Murcia ha sido esta semana sede del primer encuentro de los órganos económico-administrativos municipales del sureste español, una jornada de trabajo que ha reunido a representantes de los tribunales y consejos de Alicante, Cartagena, Granada, Albacete, Lorca, Elche y Almería, con el objetivo de compartir experiencias, criterios y soluciones comunes en materia tributaria, recaudatoria y sancionadora.
El Consejo Económico Administrativo de Murcia actuó como anfitrión de esta cita, inaugurada por el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, quien destacó que estos organismos “son una garantía de protección para los ciudadanos”, al ofrecer una vía administrativa gratuita, imparcial y eficaz para revisar decisiones municipales sin necesidad de acudir a los tribunales ni contar con abogado o procurador.
Durante la jornada se abordaron cuestiones comunes de interpretación tributaria, como los supuestos de exención del impuesto de plusvalía cuando se acredita la inexistencia de incremento en el valor del terreno, la determinación del sujeto pasivo del ICIO o los criterios de cálculo del coste real y efectivo de las actuaciones municipales. También se debatieron los retos de la transformación digital y la necesidad de modernizar los procedimientos internos para mejorar la eficiencia.
Los participantes coincidieron en calificar el encuentro como “muy productivo” y acordaron darle continuidad mediante la creación de un comité permanente que promueva futuras reuniones periódicas entre los órganos de la zona.
Desde su creación en 2007, el Consejo Económico Administrativo de Murcia (CEAM) ha recibido más de 21.000 reclamaciones, dictando más de 20.000 resoluciones en sus 17 años de actividad. Además de su labor resolutoria, ejerce una función consultiva, emitiendo dictámenes sobre proyectos de ordenanzas fiscales y elaborando estudios en materia tributaria.
El Consejo, presidido por Eduardo Martínez-Oliva, está integrado por miembros de reconocido prestigio y cuenta con el apoyo de vocales consultivos —entre ellos, exalcaldes del municipio— que participan en la emisión de informes y dictámenes. Su trabajo ha contribuido a unificar criterios interpretativos y mejorar la regulación municipal, consolidando su papel como instrumento esencial de garantía y transparencia en la gestión tributaria local.
