El vicesecretario de Desarrollo Económico del Partido Popular (PP) en la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, ha expresado su firme rechazo a la reciente negociación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña sobre un nuevo concierto económico. Marín ha señalado enfáticamente que “no vamos a consentir que con el dinero de los murcianos se pague que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno”.
El político murciano explicó que este acuerdo representa “una independencia fiscal que rompe la unidad de España, vulnera la Constitución y acaba con los principios de solidaridad e igualdad”. Además, advirtió que “esta independencia fiscal perjudicará especialmente a la Región de Murcia por ser la comunidad peor financiada”.
Marín también indicó que el PP no se quedará de brazos cruzados ante lo que considera un “nuevo ataque a la Región”. “Vamos a poner en marcha todas las herramientas jurídicas, institucionales y políticas para evitarlo”, aseguró, agregando que “el acuerdo adoptado entre el Gobierno y Cataluña constituye uno de los ataques más graves realizados a nuestros servicios públicos, como son la sanidad, la educación y las políticas sociales”.
Según el vicesecretario, la Región de Murcia se verá gravemente afectada por la decisión del Gobierno, que prevé una reducción en su financiación anual. “Recibiremos 100 millones menos por el castigo de Sánchez”, advirtió, añadiendo que “no es cierto que Cataluña esté infrafinanciada. La Región de Murcia sí que lo está”.
El líder regional del PP también criticó a José Vélez, secretario general del PSRM, por su “permanente genuflexión hacia su amo Pedro Sánchez”. Marín expresó su indignación al ver al representante socialista defender un acuerdo que, según él, “perjudica muy gravemente a la Región”.
Por último, hizo un llamado a la justicia y la igualdad en el trato hacia todas las comunidades autónomas, asegurando que “seguiremos luchando para que el Gobierno trate igual a todas las comunidades”. En palabras de Marín, “no se puede permitir que los ciudadanos de la Región sean tratados como ciudadanos de segunda”.
