La aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados ha generado una gran controversia en el panorama político español, especialmente en la Región de Murcia, donde el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha manifestado su profundo desacuerdo con esta medida. López Miras ha calificado este hecho como “un día negro para España y para nuestra democracia”, expresando su pesar a través de las redes sociales. Además, ha anunciado que el Gobierno de Murcia interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para detener la aplicación de esta polémica ley.
Sánchez ha cometido la mayor indignidad frente a nuestro estado social y democrático de derecho al impulsar una ley de amnistía redactada por un prófugo de la Justicia. pic.twitter.com/WoQtlWcaSP
— Fernando López Miras (@LopezMirasF) May 30, 2024
Según el presidente murciano, la aprobación de la Ley de Amnistía constituye una humillación para el país, ya que se estarían subordinando instituciones fundamentales del Estado de Derecho a intereses personales. López Miras ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusa de impulsar esta ley en beneficio propio.
El recurso de inconstitucionalidad que prepara el Gobierno de Murcia se suma a los anunciados por otros presidentes autonómicos del Partido Popular, quienes también han mostrado su rechazo a esta medida. Para Fernando López Miras, la aprobación de la Ley de Amnistía supone una vulneración de la igualdad entre los ciudadanos y un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho.
En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, quien ha calificado la Ley de Amnistía como una “aberración política, jurídica y moral”. Ortuño ha criticado duramente esta medida, asegurando que vulnera los valores que refleja la Constitución española y genera una división entre ciudadanos de primera y de segunda.
Según el portavoz del Gobierno de Murcia, la amnistía beneficia a personas que no han mostrado arrepentimiento por sus delitos y responde a las exigencias de los independentistas. Ortuño ha cuestionado la integridad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerarlo dispuesto a “tragar con todo” para mantenerse en el poder.
Los fiscales del ‘procés’
Los cuatro fiscales del procés han informado al fiscal general del Estado que creen que la norma no puede aplicarse al delito principal que enfrentan Carles Puigdemont y Oriol Junqueras: la malversación. En una reunión en la Fiscalía General, también han argumentado que la orden de detención contra el expresidente catalán no debe levantarse.
El fiscal general ha convocado a los fiscales y a los responsables de la Fiscalía de Cataluña para discutir la aplicación de la ley en vista de su próxima entrada en vigor. Los fiscales del procés han expresado sus dudas sobre la malversación, señalando que la Unión Europea prohíbe la eliminación de delitos que afecten a los intereses financieros de la UE. Consideran aplicable la ley a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos, pero tienen reservas respecto a la malversación, argumentando que Puigdemont y Junqueras se beneficiaron económicamente.
La situación en la Fiscalía ha revelado divisiones internas y discrepancias sobre la interpretación de la norma. El órgano dirigido por el fiscal general ha estado preparándose para la entrada en vigor de la ley, solicitando información detallada sobre los procesos afectados.
