La diputada nacional del Partido Popular de la Región de Murcia, Isabel Borrego, ha levantado la voz en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a reconsiderar la decisión de desmantelar el SEPRONA y, en cambio, aumentar su plantilla. Según Borrego, es crucial mantener el actual número de agentes del SEPRONA en la Región de Murcia para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la protección del medio ambiente.
En sus declaraciones, la diputada ha denunciado las intenciones del Gobierno de reorganizar las patrullas del SEPRONA y reducir efectivos, lo que considera un paso previo a su desaparición. “Es inaceptable que se realicen este tipo de propuestas sin contar con los agentes afectados ni sus representantes”, ha afirmado Borrego.
La falta de efectivos en el SEPRONA no es un problema nuevo en la región, según señaló la diputada, quien expresó su preocupación por la escasez de personal en una área tan importante para la vigilancia y protección del medio ambiente. En su opinión, la reducción de patrullas y la disminución de efectivos solo aumentarán la carga de trabajo sobre los agentes existentes, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos y la preservación del entorno natural.
La presidenta del PP de Águilas, Eva Reverte, se sumó a las críticas de Borrego, destacando la labor fundamental del SEPRONA en la localidad. Reverte denunció que, a pesar de los esfuerzos previos del partido para detener la desaparición del SEPRONA en Águilas, recientemente se ha ofertado una plaza vacante en Lorca, lo que sugiere que la unidad de la localidad podría estar en peligro una vez más.
Ante esta situación, tanto Borrego como Reverte han hecho un llamamiento al Gobierno de España para que reconsidere su postura y reafirme su compromiso con la preservación del medio ambiente y la seguridad de los ciudadanos, garantizando la presencia y el buen funcionamiento del SEPRONA en la Región de Murcia. La falta de efectivos no solo pone en riesgo la labor de vigilancia del entorno natural, sino que también afecta la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y delitos medioambientales.
