La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Cartagena ha tomado una decisión contundente en relación al futuro del Hospital Naval, exigiendo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una respuesta oficial y por escrito sobre su renuncia a la opción de compra de las instalaciones, valuadas en más de 25 millones de euros.
La alcaldesa Noelia Arroyo ha dejado claro que el plazo para recibir dicha respuesta es de un mes, hasta el 15 de julio, y que de no cumplirse, se tomarán nuevas acciones por parte del consistorio cartagenero. Los portavoces de los diferentes partidos políticos han respaldado unanimemente las exigencias de la regidora, que incluyen también la confirmación de que no se construirá un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en la ciudad y la creación de un sistema de coordinación entre el Ministerio y los servicios sociales locales para atender las necesidades de las personas acogidas en el campamento.
Además, se ha destacado la importancia de reducir progresivamente la capacidad del campamento para disminuir el riesgo de conflictos, trasladando a los migrantes a otras instalaciones del Ministerio en diferentes partes del país. La voluntad de los cartageneros es clara: las instalaciones del Hospital Naval deben ser para la ciudad, permitiendo su uso de acuerdo a lo que decidan los habitantes de Cartagena en el Pleno municipal.
En este sentido, la Junta de Portavoces ha hecho hincapié en la necesidad de que el Ministerio respete las decisiones y opiniones de los ciudadanos de Cartagena, garantizando que las instalaciones del antiguo hospital naval se destinen a un uso que beneficie a la ciudad y a sus habitantes. La presión ejercida desde el consistorio es clara y firme, y se espera que el Ministerio dé una respuesta a estas demandas en el plazo estipulado.
