El 53% de las mujeres atendidas sufrió abusos siendo menor de edad y más de 1.700 intervenciones se han llevado a cabo en lo que va de año
El Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAX) ‘La Jacaranda’, en la Región de Murcia, ha prestado atención a un total de 492 mujeres durante los primeros cinco meses de 2025, lo que supone un incremento de 41 casos respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, el número de mujeres que acuden por primera vez al servicio ha experimentado un leve descenso, con 108 nuevas usuarias frente a las 119 registradas en 2024.
La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha trasladado estos datos tras mantener una reunión con el equipo profesional del centro, donde ha destacado que el incremento en la cifra global de atenciones se debe, principalmente, al seguimiento continuado que reciben muchas de las mujeres atendidas en años anteriores. “La mayoría requieren un acompañamiento profesional prolongado, tanto a nivel psicológico como jurídico y social”, ha señalado Ruiz.
La responsable autonómica ha puesto el acento en las dificultades que enfrentan muchas víctimas para dar el paso de acudir presencialmente al centro. “En muchas ocasiones, el primer contacto se realiza por vía telefónica, ya que sienten miedo o vergüenza tras la agresión”, ha explicado. A través de este primer asesoramiento, las mujeres reciben orientación para acudir a los servicios médicos de urgencias o para interponer denuncia ante la policía. “Solo cuando se sienten emocionalmente más fuertes, dan el siguiente paso y acuden de forma presencial”, ha añadido.
Perfiles de las víctimas y características de la violencia sufrida
Desde su puesta en marcha, el CAIVAX ha detectado un elevado porcentaje de mujeres que tardan años en identificar que han sido víctimas de violencia sexual. En este sentido, un 53% de las usuarias atendidas en 2025 reconoce haber sufrido este tipo de violencia siendo menor de edad, mientras que el 47% restante la vivió ya en la edad adulta.
“Algunas mujeres no son plenamente conscientes de haber sido víctimas hasta mucho tiempo después, sobre todo en casos donde la agresión se ha producido dentro del entorno familiar, laboral o en relaciones de pareja, donde determinadas conductas estaban normalizadas”, ha explicado la consejera.
En cuanto al perfil de edad, la mayoría de las mujeres que recurren al centro se encuentran en la franja de entre 18 y 40 años. También se atienden, en menor medida, a mujeres de entre 51 y 60 años.
Respecto a la relación entre víctima y agresor, los casos más frecuentes corresponden al ámbito familiar, seguido del laboral, y en proporción similar, a agresores desconocidos o pertenecientes al círculo cercano de la víctima. Los tipos de violencia más comunes son la agresión sexual, el acoso y la sextorsión.
Más de 1.700 intervenciones realizadas en 2025
El centro ha llevado a cabo un total de 1.708 intervenciones individuales en lo que va de año. La atención psicológica continúa siendo el servicio más solicitado, con 961 sesiones realizadas. La asesoría jurídica acumula 381 intervenciones, mientras que el área de trabajo social ha contabilizado 295 atenciones y el equipo de educación social, 71.
El equipo multidisciplinar del CAIVAX está compuesto por cuatro psicólogas, una educadora social, una integradora social, dos asesoras jurídicas y una trabajadora social. El servicio permanece operativo las 24 horas del día durante los 365 días del año.
Coordinación institucional para una atención integral
La Región de Murcia cuenta con un Protocolo de Coordinación Interinstitucional en Violencia Sexual, pionero en su ámbito, que establece pautas de actuación conjuntas entre los distintos servicios implicados: sanitario, social, judicial, policial, laboral y educativo.
Este protocolo tiene como objetivo garantizar una respuesta integral y especializada a las mujeres y adolescentes que hayan sufrido violencia sexual. Incluye procedimientos específicos para abordar diversas formas de violencia, como el acoso sexual, la trata con fines de explotación o la violencia en entornos digitales. Además, contempla medidas de atención y orientación para el entorno familiar o social de las víctimas.
